DERECHOS HUMANOS LABORALES

Del conjunto de derechos humanos, existen una serie de ellos vinculados al trabajo y a los trabajadores/ras conocidos como derechos humanos laborales, son los que se orientan a posibilitar condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así como la organización de los trabajadores/ras para su defensa, reivindicación y participación sociopolítica.

La Libertad sindical, forma parte del conjunto de estos derechos y como tal ha sido recogida en una serie de instrumentos internacionales, siendo regulada en forma expresa por los Convenios 87 y 98 de la OIT.

En la actualidad está "universalmente admitido que no es posible el desarrollo de la libertad sindical sin la preexistencia efectiva de los demás derechos humanos y que tampoco es posible el completo ejercicio de éstos, sin la vigencia de aquélla. En otras palabras, la libertad sindical no es posible sin el ejercicio de los otros derechos humanos, y viceversa"(10).

Es más, podríamos decir que la Libertad sindical es la expresión de una síntesis de los derechos humanos, porque a través del ejercicio de sus acciones de defensa, reivindicación, participación sociopolítica y lucha, enriquece los contenidos e impulsa la progresividad de los derechos humanos en su conjunto. De hecho, no es posible hablar de derecho del y al trabajo sin vincularlo al ejercicio del derecho de libertad sindical como garantía de la justicia social en las relaciones laborales.

Otro argumento, no menos importante, para justificar "la protección de la libertad sindical reside en el hecho de que, tal como hoy es universalmente aceptado, el movimiento sindical ha pasado a constituir uno de los pilares sociales fundamentales que sustentan las sociedades democráticas. Esto debido (...). A que el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, (...), constituyen herramientas claves para el fortalecimiento del ejercicio de todos los derechos humanos, en razón de que habilitan medios por los cuales se postulan, afirman y defienden otros derechos fundamentales de las personas"(11). De hecho, "pasar revista al significado contemporáneo de la libertad sindical, implica reconocer que fue también, gracias a la sacrificada aunque no siempre reconocida lucha de los sindicatos en pos de la reivindicación de derechos democráticos básicos en el lugar de trabajo (...) que se abrieron espacios en nuestras sociedades para un correlativo y simultáneo reconocimiento de ciudadanías integrales y modernas"(12).

Por su parte la CIOSL/ORIT señala que: "Las Libertades Sindicales se convierten en importante instrumento para luchar por una reivindicación amplia de los Derechos Humanos"(13). Desde su perspectiva, entienden a la libertad sindical como un derecho "bisagra" en la medida que se vincula tanto con los derechos civiles y políticos como con los derechos económicos, sociales y culturales.

En la actualidad, aun cuando hay una aceptación retórica de que los "derechos laborales también son derechos humanos"(14), a menudo falta voluntad política por incluir los derechos del trabajador/a-ciudadano/a en la práctica de los derechos humanos por parte de los Gobiernos e incluso de algunos organismos internacionales(15).

Es evidente que mientras se mantenga un escenario mundial de desconocimiento y violación de tales derechos, los derechos humanos de todas las personas se verán afectados. Situación preocupante cuando con la "mundialización de la economía y los imperativos de la productividad han motivado también en sectores poco visionarios los argumentos que tienden a disminuir, cuando ya no a suprimir, los derechos de los trabajadores en aras de una mayor competitividad basada en condiciones de trabajo muy a menudo inaceptables"(16). Posturas que profundizan la fragilidad de su reconocimiento.

La defensa de los Derechos Humanos Laborales supondría una utopía si se entiende como una idea movilizadora de la conciencia humana; aquello por lo cual se debe luchar. "No se trata de confrontar el ideal con la realidad de las violaciones para demostrar que no existe y que en consecuencia debería ser desechado. Se trata de exigir el ideal para cuestionar e interpelar la realidad exigiendo su transformación"(17).

10. Ermida, O. y Villavicencio, A. "Sindicatos en Libertad Sindical" (ADEC-ATC). Lima , 1991, pág. 26

11. Mujica, J. "El Convenio 87° de la OIT -50 Años no son nada-" en el volumen colectivo Libertad Sindical -50 Años del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo-, (CEDAL), Lima. 1999, pág. 69

12. Ibidem, pp. 70.

13. ORIT. La Política de la CIOSL/ORIT para Derechos Humanos y Sindicales. Asunción, 1999, pp.10

14. Es en ese marco que la contribución de OIT y su permanente compromiso con los Derechos Humanos cobra pleno significado. Su contribución en la incorporación de los derechos laborales como derechos humanos puede verse en diversas Declaraciones, Resoluciones, Informes y Memorias por no hablar de los propios Convenios y Recomendaciones.

15. La existencia de tal inconsistencia es una de las razones que anima la actual Campaña Internacional de SOLIDAR denominada "Los Derechos Laborales son Derechos Humanos".

16. Querenghi, G. En: Editorial de "Voces por la Libertad Sindical" (OIT) Revista de Educación Obrera, 1998/3, Núm. 112, pp.XII

17. Chipoco, C. "En defensa de la vida -Ensayos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-" (CEP) Lima, 1992, pp.39

Fuente: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/for_prod/index.htm

Raúl Contreras Sección 1 CRF.

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Reconociendo, a partir de sus propios principios, que es necesario manejar una concepción integral de los derechos humanos sin escindirlos en clasificaciones que podría inducir a la idea errada de prelación de unos u otros, nos parece importante, a efectos didácticos, destacar la evolución histórica que refleja su progresiva institucionalización en el orden interno como en el internacional.

3.1. Derechos Civiles y Políticos (DCP)

Son aquellos que tienen por objeto la tutela de la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida pública y de Gobierno.

3.2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

Son los derechos vinculados a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas, es decir, orientados a lograr adecuadas condiciones de vida, acceso a servicios y bienes materiales y culturales, que permitan alcanzar una calidad de vida aceptable y digna.

A diferencia de los Derechos Civiles y Políticos en donde el Estado debe, por lo general, abstenerse para que el individuo pueda ejercer sus derechos sin trabas, en el caso de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe más bien actuar y prestar su apoyo material y político para lograr que todas las personas disfruten de ellos.

Durante mucho tiempo dicha distinción dio la excusa para argumentar la naturaleza diferente entre ambos grupos de derechos, lo que "legitimó los intentos tradicionales de conceder a los derechos sociales un estatuto distinto y claramente inferior. (...) El principio de "indivisibilidad" contradice todos los intentos de mantener la separación y negar a los derechos sociales el rango concedido a los derechos civiles y políticos" (9).

3.3. Derechos Colectivos o de Solidaridad

Actualmente se viene desarrollando una nueva dimensión de los derechos, que está en pleno proceso de reconocimiento internacional como son los derechos al desarrollo, a la paz, a la preservación del medio ambiente y a un equilibrio ecológico.

9. Comisión Europea, "Afirmación de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea. Ha llegado el momento de actuar –Informe del Grupo de Expertos sobre Derechos Fundamentales", Oficina de Publicaciones Oficiales de la CE, Belgica, 1999, p.23

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CIVILES Y POLÍTICOS:

• A la vida.

• A la integridad física y moral.

• A la libertad personal.

• A la libertad de movimiento o de libre tránsito.

• A la igualdad ante la Ley.

• A la libertad de pensamiento, de conciencia y religión.

• A la libertad de opinión, expresión y prensa.

• De residencia y de inviolabilidad del domicilio.

• A la libertad de reunión

• A la libertad de Asociación.

• A la seguridad jurídica y garantías del debido proceso.

• A la nacionalidad.

• A participar en la dirección de asuntos políticos.

• A elegir y ser elegido en cargos públicos.

• A formar un partido o afiliarse a alguno.

• A la autodeterminación de los pueblos.

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC):

• A constituir familia.

• A la alimentación.

• A la salud.

• A la vivienda.

• A la educación a lo largo de la vida.

• Al trabajo.

• A un salario justo y equitativo.

• Al descanso.

• A la libertad sindical.

• A la negociación colectiva.

• A la huelga.

• A la seguridad social.

• A la propiedad.

• A la seguridad económica.

• A participar en la vida cultural del país.

• A gozar de los beneficios de la ciencia.

• A la investigación científica, literaria y artística.

• A beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.

COLECTIVOS O DE SOLIDARIDAD:

• A la paz.

• Al desarrollo.

• A un medio ambiente sano.

Fuente: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/for_prod/index.htm

Raul Contreras Sección 1 CRF

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uno de los desafíos de los derechos humanos es el de encontrar caminos para defender su universalidad en beneficio de todos los seres humanos, con respeto, al mismo tiempo, de su diversidad.

Como señaló Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, cuando se desarrolló la Conferencia de Viena: "Si bien los derechos humanos son comunes a todos los miembros de la sociedad internacional y todo el mundo se reconoce en su naturaleza, cada era cultural puede tener su forma particular de contribuir a la aplicación de esos derechos. Los derechos humanos, vistos a escala universal, nos plantean la dialéctica más exigente: la dialéctica de la identidad y de la alteridad, del "yo" y del "otro". Nos enseñan que somos a la vez idénticos y diferentes... Como proceso de síntesis, los derechos humanos son, por su misma naturaleza, derechos en evolución. Quiero decir con esto que tienen a la vez por objeto expresar mandamientos inmutables y enunciar un momento de la conciencia histórica. Así pues, son, a un tiempo, absolutos y puntuales"(5).

Las principales características que se les atribuyen son:

• Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado.

• Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial.

• Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad.

• Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título.

• Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad.

• Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de sí se hace uso de ellos o no.

• Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial(6), al tener igual grado de importancia

• Indivisibles: Porque no tiene jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otro.

• Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse.

• Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y, por tanto, inherentes a toda persona.

Es importante tener presente la relación de interdependencia existente entre los Derechos Humanos, es decir, que la vigencia de unos es precondición para la plena realización de los otros, de forma tal que la violación o desconocimiento de alguno de ellos termina por afectar otros derechos. Sería el caso, por ejemplo, el del derecho a la libertad de reunión y asociación y el de libertad sindical, no podría asumirse el respeto del primero si existiera imposibilidad de constituir sindicatos y viceversa.

Conscientes de ello la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena- Austria, 1993) señaló con su Declaración: "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo énfasis. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales"(7).

Igualmente, dada su imperatividad erga-ommes, es decir, al ser universalmente obligatoria la aplicación de estos derechos bajo cualquier punto de vista e incluso en aquellos casos en que no haya sanción expresa ante su incumplimiento, les da un carácter de exigibilidad ante los Estados.

Por ello, "Existen niveles de obligaciones comunes a todos los derechos humanos, que corresponden (...) a una obligación de respeto, una obligación de protección y una obligación de satisfacción. De modo tal que ninguna categoría de derecho es en si misma más o menos exigible, sino que a cada derecho humano le corresponden distintos tipos de obligaciones exigibles"(8).

5. Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas en la apertura de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993

6. Entendemos por contenido esencial de un derecho, aquella parte del mismo que resulta "absolutamente necesario, para que los intereses jurídicamente protegidos, que da vida y razón al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos" Ver: Federico Duran L., El Derecho del Trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, (IELSS), Madrid, 1985, pág. 21

7. Artículo 1 de su Declaración.

8. "Declaración de Quito – Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe -", Plataforma sudamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo. Quito, Julio 1998. Párrafo 21.

Fuente: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/for_prod/index.htm

Rául Contreras Sección 1 CRF.

9. El reto político de la violencia de agentes no estatales

Pero no solo existe el reclamo por una ética indivisible de los derechos humanos. Las organizaciones de Derechos Humanos, inter y no gubernamentales, se ven también confrontadas con la exigencia de ser efectivas en la salvaguardia de los DD.HH. Las dos demandas resultan difícilmente compatibles y constituyen el núcleo del reto político que se les presenta actualmente a muchas organizaciones de DD.HH. Con sus luchas incansables por los derechos humanos han adquirido una gran autoridad moral en sus paises respectivos, reforzada a través de mucho reconocimiento interna- cional. La base de esta autoridad moral ha sido la objetividad en sus análisis de las violaciones de DD.HH. y las acusaciones o condenaciones consecuentes con este análisis. Ha sido también el hecho de que, en muchas ocasiones, llegaron a obligar a los gobiernos violadores de los derechos humanos a reconocer los principios de DD.HH. verbalmente, y, en casos contados, también en los hechos. Con ello, han comenzado a constituirse, de fuerzas meramente morales, en organizaciones de un poder político, muy limitado, pero real en algunos casos.

Pedirles ahora a las organizaciones de DD.HH. que amplíen el campo de sus acciones hacia los crímenes perpetrados por agentes no estatales, significaría, aparte de los problemas jurídicos ya mencionados, varios cambios en las estrategias establecidas de las ONGs. Por un lado, los agentes no estatales, para las ONGs de derechos humanos, no existen como interlocutores válidos. Aquí no solo hay el problema de la legitimidad de esos agentes, que crea los temores de los gobiernos al meterse las ONGs de derechos humanos con los grupos que, para los gobiernos, son, no aptos para el diálogo. Los enredos resultantes podrían considerarse problema solamente de los gobiernos. Pero aquí hay también el problema real para las ONGs que no existe un marco referencial en el cual pueden ubicar a los agentes no estatales, de la misma manera como, en el caso de los gobiernos, pueden recurrir al sistema de derecho internacional y toda la tradición político- jurídica del sistema de Estados modernos.

El hecho que, desde la óptica jurídica, los agentes no estatales no son responsables legítimos del bien común, se traduce así en la cuestión muy práctica de ¿qué se puede pedir a los grupos no estatales, y en base de qué concepto comunmente reconocido? Estas preguntas no se pueden responder sin un análisis concreto de cada caso (como se vio, este análisis concreto se necesita también para la aplicación del derecho humanitario internacional). En otras palabras: Mientras la metodología de trabajo de los ONGs de derechos humanos tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DD.HH.), en el seguimiento de lo que hacen los agentes no estatales, no sirve esta herramienta objetivizadora. No hay otra salida que entrar en el campo político con todos sus riesgos. Evaluar el accionar de grupos "subversivos", "alzados en armas", "terroristas", "guerrilleros", "sublevados", "insurgentes" etc. (la cantidad de términos es bien representativa de la variedad de situaciones) resulta - no siempre, pero en la mayoría de los casos - más complicado y controversial que medir el comportamiento de gobiernos con la regla del derecho de derechos humanos. Pero la tarea no se queda en la evaluación. De ella las organizaciones de DD.HH. deben deducir los reclamos que presentan a los responsables. Si esto a veces es difícil en el caso de gobiernos que buscan ocultar las responsabilidades de sus funcionarios, mucho más es así en el caso de grupos clandestinos, sin jerarquías visibles para el público. Los pedidos de las organizaciones de DD.HH., para tener eficiencia y para poder controlar su cumplimiento, tienen que ser precisos y específicos. Una crítica específica y detallada de una acción significa - implícitamente, pero en la relación ONG - Estado también explícitamente - el aval de las acciones no criticadas, o por lo menos puede ser interpretada así. He aquí la reticencia de los gobiernos ante las condenas que pronuncian las ONGs contra los grupos no estatales: parecen conferirles legitimidad.

Es cierto que en el caso del derecho internacional humanitario, el artículo 3 Común de las Convenciones de Ginebra excluye expresamente que la aplicación de las normas de las Convenciones otorgue algún status a los grupos insurgentes que no tengan de otra manera. No obstante, en la esfera política la acción puede ser vista de manera diferente. Además, en el caso de los derechos humanos mismos, no existe nada comparable al artículo 3 Común de las Convenciones de Ginebra.

Pero, aparte de los celos de gobiernos, que podríamos descartar por su motivación a veces meramente táctica, existe aquí un problema real para las ONGs. Echar críticas a los agentes no estatales significa, quiérase o no, tomar partido en las luchas políticas de manera más pronunciada que en el caso de las críticas al gobierno. Por motivos distintos, los partidarios del gobierno y de la oposicion van a cuestionar la neutralidad política de los críticos. El dilema es que no pronunciarse produce el mismo resultado. Si las ONGs callan ante los crímenes que cometan agentes no estatales, también se cuestiona su objetividad. De dos lados opuestos va en peligro el capital más precioso de las ONGs de derechos humanos: su prestigio público, a nivel nacional e internacional, basado en la integridad de sus conceptos y de sus militantes.

Fuente: http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html

Raul Contreras Sección 1 CRF.

7. Las dos fuentes históricas de los Derechos Humanos

Este hecho no sorprenderá mucho si reconsideramos algunos elementos de la historia de los derechos humanos. Es cierto que ellos, en Europa y sus dependencias en América, han sido conquistados en una lucha permanente por las libertades de la ciudadanía frente a sus soberanos. Pero detrás de estas luchas por las libertades había siempre una idea fundamental de la dignidad y libertad de la persona humana, idea concebida ya por la teología de la edad media y transformada siglos más tarde en el concepto de los derechos naturales de los hombres. A diferencia de las luchas por las libertades concretas, esa idea no requería de una contraparte a la cual oponerse. Era autosuficiente en su propósito de definir los derechos naturales de todos los hombres en todas las situaciones, y frente a todos los posibles violadores de estos derechos. En el siglo XII, el clérico Gratiano definió el "ius naturale" así: "Ius naturale es lo que contiene la Ley y el Evangelio, que obligan a cada uno de hacer al otro lo que quiere que se le haga a él; y prohibido de hacer al otro lo que no quiere que se se le haga a él."Encontramos esta fórmula, siglos más tarde, en la ética de Kant, y nuevamente, en este siglo, en términos no muy distintos, en el artículo 29 de la Declaración Universal de 1948. Obviamente, los derechos naturales así concebidos no se pueden transformar inmediatamente en derecho jurídico. Esta era la parte de las distintas cartas que se arrebataron a los monarcas en el curso de la historia. Pero el concepto de un derecho natural fundamental, que no depende de ningún derecho formalizado, mantiene su vigor, y mucho más en los sectores populares, con su característica desconfianza a la esfera del derecho codificado. En Alemania, y posiblemente en otros idiomas más, la máxima de Graciano es, hasta hoy día, un dicho proverbial muy conocido.

8. El Derecho y el sentido de la Justicia

Esta otra historia de los orígenes de los derechos humanos apunta a una dimensión que es propia de la lucha por los DD.HH: la ética. En la condena moral y la apelación a la conciencia pública reside la fuerza principal del actuar de los ONGs de DD.HH., ante la falta de poderes de sanción efectiva.

Si la idea de la defensa de los DD.HH. es acogida generalmente por mayorías de la población, es por su contenido ético, por un sentido básico de justicia y de compasión por víctimas consideradas perseguidas injustamente. Esta ética popular no acepta, donde es confrontada con violencias distintas de las del Estado, una distinción que se basa simplemente en diferencias del estatus de los responsables de la violencia. Es cierto que la violencia subversiva muchas veces es aceptada por la opinión popular, tanto como lo es, en otras situaciones, la violencia estatal. La opinión pública no es, por sí misma, no- violenta. Pero generalmente tiene sus criterios para distinguir entre violencia justa e injusta, y entre medios de lucha aceptables y no aceptables, criterios muchas veces discutibles, pero no descartables para organizaciones que dependen mucho de esta opinión popular. Las ONGs tienen la posibilidad de influir en ella, a través de su labor de educación en derechos humanos. Será difícil, sin embargo, modificar el sentido elemental de justicia, que no distingue entre el Estado y otros agentes como moralmente responsables de sus actos violatorios de los derechos del pueblo.

Fuente: http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html

Raul Contreras Sección 1 CRF.

6. El Derecho Internacional - ¿Derecho de gobiernos o de personas?

Es opinión casi universalmente aceptada, tal como lo vimos arriba, que los derechos humanos regulan las relaciones entre Estado y ciudadano. Pertenece a esta esfera el así llamado "derecho internacional de derechos humanos". Existe, sin embargo, otro cuerpo de derecho internacional, que sí se aplica también a agentes no estatales: el derecho internacional humanitario (particularmente a mencionar las cuatro Convenciones de Ginebra). Este derecho es, por su contenido material y su historia, en esencia el reglamiento del comportamiento de fuerzas beligerantes. Busca "humanizar la guerra", definiendo lo permitido y lo prohibido en ella. Sus codificaciones modernas incluyen provisiones aplicables también a las guerras civiles o internas, y por lo tanto a grupos sublevados en armas, siempre y cuando estos últimos cumplan con ciertos requisitos que los convierten en una especie de cuasi- gobierno: una estructura de mando, y cierta capacidad de operar militarmente y controlar un territorio.

Las normas del derecho internacional humanitario son bastante exigentes, y coinciden en sus puntos esenciales con las que buscan garantizar también los derechos humanos: prohibición de tratos crueles, de asesinatos fuera de combate, etc. Por lo tanto, muchas de las atrocidades que algunos grupos subversivos cometen, son sancionados y sancionables bajo las normas del derecho internacional humanitario. Las ONGs de DD.HH. y las organizaciones internacionales de vigilancia por los derechos humanos, tal como la Comisión Interamericana o la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU, coinciden en que este derecho sí es aplicable a los grupos subversivos, bajo las condiciones mencionadas. En otras palabras: En la figura del derecho internacional humanitario sí se aplican, con otro nombre, algunas normas esenciales de los derechos humanos (particularmente el derecho a la vida y la protección contra maltratos) a grupos no estatales. Esta operación es posible a través de una interpretación específica de lo que son los grupos alzados en armas. Dentro del derecho internacional humanitario son considerados sumisos a las disposiciones de este cuerpo de derechos en la medida en que cumplen in nuce el rol de un Estado. De tal manera se mantiene el elemento "unidireccional" de la relación Estado - ciudadano, la cual solamente es modificada conforme a situaciones especiales tal como se producen en las guerras internas.

Se entiende porqué los organismos de DD.HH. recurren con cierto alivio al derecho internacional humanitario: permite aplicar normas esenciales de los derechos humanos a los grupos no estatales, sin violar la regla de que los derechos humanos sólo pueden ser violados por el Estado. "Por fortuna", dice Juan Méndez, director ejecutivo de Americas Watch, el Derecho Internacional Humanitario tiene "normas aplicables a los conflictos armados que dan la solución."

De hecho, para el dilema de los organismos de DD.HH., hay allí una solución tecnicamente limpia. Pero también limitada. Porque no todas las situaciones que producen graves violaciones del derecho a la vida y a otros derechos fundamentales de la población, por parte de agentes no estatales, son cubiertos por el derecho humanitario. Es notable que en esta discusión casi siempre se omiten dos referencias en importantes documentos del derecho de derechos humanos, que podrían abrir el camino hacia la disolución del aludido dilema. Una es el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, en su acápite 1:

"Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad."

En este artículo se rompe la unidireccionalidad de los derechos humanos, complementándose la relación de ciudadano=poseedor de derechos - Estado=garante de derechos, por dos elementos importantes:

1) la relación individuo - comunidad, la que implica una relación horizontal y multidireccional entre los distintos individuos; y

2) el concepto de deberes como complementarias a los derechos. Estos deberes no se refieren al Estado, sino a la comunidad.

La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la sanción del delito de Genocidio, que fue aprobada justo un día antes de la Declaración Universal, el 9 de diciembre de 1948, en su artículo 4to. afirma:" Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3ro. (La asociación, instigación, tentativa y complicidad en el genocidio) serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares."

Aquí una violación de derechos humanos, la más terrible de todas, es vista y sancionada independientemente de la función de quien la cometa. Parece que se trata de una formulación excepcional dentro de los textos básicos del derecho de derechos humanos. En la Convención contra la Tortura p.e., un documento muy avanzado en cuanto a los mecanismos de protección, se define la tortura en función del estatus del perpetrador: sólo comete tortura quien lo hace como funcionario público o instigado o autorizado por el Estado (art.1).

Esto no le resta importancia a la formulación del artículo 4 de la Convención contra el Genocidio. Ante el impacto todavía fresco del genocidio más grande de la historia de la humanidad, los redactores no quisieron dejar ninguna salida para la impunidad de otro genocidio. Se preve así, como consecuencia, la condena de cualquier persona culpable de genocidio, por un Tribunal Internacional (art. 6). Que este Tribunal nunca se instaló, no borra el hecho de que aquí se pensó claramente en la sancionabilidad de un crimen de lesa humanidad, cometido por quien sea, incluso expresamente personas que no representen ningun poder estatal o para-estatal.En 1948, se puede concluir, todavía no había esa distinción tan nítida entre los derechos humanos, violables exclusivamente por los Estados, y otros cuerpos de derecho.

Fuente: http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html

Raul Contreras Sección 1 CRF.

5. Teoría de los Derechos Humanos y opinión popular: La perspectiva de las víctimas

Si esto es el caso, ¿porqué entonces un debate sobre la cuestión de quién viola los derechos humanos? La respuesta queda en el sorprendente éxito que, por lo menos en América Latina, la idea de los DD.HH. ha tenido. "Derechos Humanos" ha devenido en una noción popular, a veces mistificada en una instancia imaginaria, con competencia de curar todos los males de la sociedad. "Es algo, de que Derechos Humanos debería ocuparse", es una frase, oida con frecuencia, que bien expresa esta creencia popular en el poder protector de las organizaciones que llevan ese término en sus insignias. Desde la perspectiva popular, desde los pueblos vejados por muchas clases de opresores, se pierde con frecuencia esa diferencia tan cara a los teóricos y jurisprudentes. "Derechos humanos" se convierte en algo como un sinónimo de justicia, una nueva manifestación de la buena nueva de que un día habrá justicia.

Desde esta perspectiva de pueblos que son masacrados, según los casos, por militares y policías, bandas armadas de narcotraficantes o grupos políticos sublevados, poco importa si los autores de los atropellos llevan el uniforme estatal o si obedecen a las órdenes de la revolución o de la mafia. La diferencia, tan cara a los teóricos, entre un Estado con su monopolio de violencia legítima, y poderes particulares, pero por esto no menos poderoso, pierde relevancia frente a su calidad común: la de una violación de los derechos elementales a la vida. Los distintos autores de las agresiones que sufre la población, para ésta muchas veces son igualmente distantes y ajenos. La víctima de una represalia de un grupo guerrillero sufre el mismo dolor que la que cae por un ataque contrasubversivo. Ante situaciones como la peruana, donde los asesinatos de Sendero Luminoso, en los últimos años han sido mucho más numerosos que los cometidos por agentes del Estado, las ONGs de DD.HH. no pueden dejar de afrontar estas realidades.

La "indivisibilidad de los derechos humanos", concepto acuñado para enfatizar la validez de los DD.HH. frente a los gobiernos de todos los tintes ideológicos -a diferencia de las cegueras de ambos lados durante la guerra fría - adquiere desde esta óptica de las víctimas una dimensión adicional: los derechos de la persona son iguales frente a cualquier violador. Es un sentido muy profundo, pero poco técnico de los derechos humanos, que constituye un verdadero reto para aquellas ONGs de DDHH que tienen trabajo en países o regiones con fuerte presencia de violencia subversiva. Cabe preguntarse si el dilema se reduce simplemente a dos distintos conceptos de derechos humanos, uno basado en su teoría y su marco jurídico, y otro que sería expresión de un clamor emotivo, pero poco reflexionado, por la justicia. Hay que examinar entonces, nuevamente, los argumentos jurídicos, históricos y políticos expuestos arriba.

Fuente: http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html

Raul Contreras Sección 1 CRF.